Reporte de Trata de Personas 2017

COLOMBIA (NIVEL 1)

El Gobierno de Colombia cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. El Gobierno siguió demostrando esfuerzos serios y sostenidos durante el período que abarca el informe; por lo tanto, Colombia se mantuvo en el Nivel 1. El gobierno demostró esfuerzos serios y sostenidos mediante la reintegración de más de 140 niños ex-combatientes, identificando proactivamente a más víctimas de la trata, financiando la implementación de su estrategia nacional contra la trata y probando un nuevo sistema de información de trata para recolectar datos estadísticos entre agencias gubernamentales. Aunque el Gobierno cumple con los estándares mínimos, no financió ni coordinó adecuadamente los servicios a las víctimas y luchó para detectar y brindar servicios a las víctimas potenciales entre la afluencia de migrantes venezolanos.

RECOMENDACIONES PARA COLOMBIA

Perseguir y condenar arduamente  los delitos de trata de personas, incluyendo trabajo forzado; mejorar el acceso a la atención a largo plazo para las víctimas del tráfico; investigar, perseguir y condenar arduamente los miembros de los grupos armados ilegales o de crimen organizado involucrados en el reclutamiento forzoso de niños o actividades delictivas forzadas; aumentar los esfuerzos para identificar a los niños víctimas explotados en el tráfico sexual, la mendicidad forzada y dentro de las actividades del sector informal, como la venta ambulante; intensificar los esfuerzos para que los funcionarios públicos que participan en la trata sean criminalmente responsables de los delitos de trata de personas; y mejorar la recopilación de datos y la desagregación, como la implementación completa del sistema nacional de información sobre trata.

ACUSACIÓN

El Gobierno mantuvo los esfuerzos de aplicación de la ley. El artículo 188 A de la Ley 985 del Código Penal penaliza el tráfico sexual y laboral y prescribe penas de entre 13 y 23 años de prisión más multas de hasta 1.500 veces el salario mínimo mensual. Estas sanciones eran suficientemente estrictas y con respecto al tráfico sexual,  proporcionales a las prescritas para otros delitos graves, como la violación. El Gobierno no desglosó las estadísticas de tráfico y delitos relacionados con la trata de personas, probablemente incorporando casos que no eran de tráfico. Las autoridades a veces acusan a los traficantes de delitos menores, como la inducción a la prostitución o el proxenetismo. En 2017, la Oficina del Fiscal General abrió 164 casos (150 en 2016 y 135 en 2015), de los cuales 73 casos dieron lugar a investigaciones completas. La policía arrestó a 30 sospechosos por delitos relacionados con el tráfico o la trata de personas (29 en 2016 y 40 en 2015). Las autoridades enjuiciaron a 31 sospechosos de delitos de trata (59 en 2016 y 31 en 2015) y condenaron a 21 de los delitos relacionados con la trata de personas (25 en 2016 y 31 en 2015). La Fiscalía informó que investigó 1.872 delitos relacionados con la trata de personas vinculados a grupos armados ilegales en 2017. Si bien la legislación colombiana prohíbe el reclutamiento forzoso de niños y la actividad delictiva forzada por parte de grupos armados ilegales, tales delitos no se consideran trata de personas. En 2017, la Oficina del Fiscal General investigó 428 casos de uso forzado de niños en la comisión de actividades delictivas y 344 casos de reclutamiento forzado. Tras las denuncias de 2016 de una red de tráfico de cadetes policiales vendidos como prostitución, las autoridades condenaron a un coronel retirado y un comandante de la Policía retirado acusados ​​de incitar a la prostitución durante el período que abarca el informe.

Las autoridades colaboraron con gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales en operaciones de aplicación de la ley contra la trata. A menudo, a través de alianzas con organizaciones internacionales y donantes extranjeros, el Gobierno brindó capacitación a más de 414 fiscales, investigadores, inspectores del trabajo, defensores de la familia y otros funcionarios durante el período del informe. En septiembre de 2017, el gobierno fue sede de la tercera reunión de la Red Iberoamericana de Fiscales sobre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en Cartagena para mejorar la cooperación regional investigando y enjuiciando casos de trata.

PROTECCIÓN

El Gobierno aumentó los esfuerzos de protección. El Ministerio del Interior informó que las autoridades identificaron 96 víctimas de la trata (68 en 2016 y 67 en 2015). De estos, 69 fueron explotados en tráfico sexual, 12 en trabajo forzado, dos en mendicidad forzada y 13 fueron desconocidos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) identificó a siete niñas explotadas en el tráfico en 2017 (39 niñas y siete niños en 2016). Organizaciones internacionales y fuentes de los medios informaron que el Gobierno se esforzó por identificar y proporcionar servicios a posibles víctimas de la trata entre los migrantes venezolanos debido a limitaciones financieras y de personal. Las autoridades y una organización internacional identificaron al menos 140 niños que se separaron de los grupos armados ilegales en 2017 (167 en 2016 y 229 en 2015); todos recibieron evaluaciones médicas y psicológicas de una organización internacional y servicios de reintegración del ICBF.

El Decreto Presidencial 1069 de 2014, que aclaró la implementación de la Ley 985, obligó al Gobierno a proveer asistencia de emergencia a las víctimas de la trata, que incluye asistencia médica y psicológica, kits de ropa e higiene, vivienda, transporte, asesoría legal, documentos de viaje y de identidad, y repatriación; y asistencia a mediano plazo, como servicios educativos, capacitación laboral y asistencia para la búsqueda de empleo, y apoyo económico. La asistencia de emergencia se proporcionó durante cinco días y podría ser extendida por otros tres días según sea necesario; la asistencia a mediano plazo se concedió por un período de hasta seis meses y podría prorrogarse por otros tres meses. De las 96 víctimas identificadas, el Gobierno brindó asistencia de emergencia a 37 víctimas y 59 con asistencia a mediano plazo en 2017 (en comparación con 63 con asistencia de emergencia y 37 con asistencia a mediano plazo en 2016). El Gobierno brindó asistencia de repatriación a 35 víctimas. Siete niños víctimas identificados por el ICBF recibieron servicios. El gobierno no operó refugios especializados dedicados a víctimas de trata de adultos, pero remitió a las víctimas a ONGs para estos servicios. El ICBF proporcionó refugios para víctimas de la trata de niños y dirigió un grupo de trabajo con el Ministerio del Interior para coordinar la provisión de servicios para víctimas de la trata infantil. El alojamiento y los servicios para las víctimas masculinas eran muy limitados. Las ONG afirmaron que las personas afrocolombianas, indígenas, LGBTI y discapacitadas recibieron una atención insuficiente, pero el Gobierno informó que mantuvo un refugio para las víctimas de violencia LGBTI, un centro de capacitación indígena y políticas para ayudar a las víctimas con discapacidad. Después de una decisión del tribunal constitucional de 2016, las víctimas no estaban obligadas a presentar una queja oficial contra sus traficantes para recibir asistencia. El Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas (ICFTP), que coordinó los esfuerzos de 16 entidades nacionales, creó instrucciones formales para cada organismo en el comité relacionados a la estandarización de los reportes, la identificación de las víctimas y la provisión de asistencia rápida. Las ONG reconocieron una mejor coordinación, pero criticaron los retrasos en la prestación de servicios, la falta de asistencia a las víctimas a largo plazo,  la falta de atención a las poblaciones vulnerables y la falta de verificación sistemática de la calidad de la atención. Las ONG indicaron que la ausencia de procedimientos formales para el compromiso con la sociedad civil resultó en un compromiso no coordinado y limitado del Gobierno. Durante el período reportado, los consulados colombianos en Lima, Perú; Guayaquil, Ecuador; y la Ciudad de México, México apoyaron a las víctimas colombianas en el exterior.

En 2017, el gobierno destinó 2.300 millones de pesos (US$ 771.350) para ayudar a las víctimas internas de la trata a través del Ministerio del Interior y el CIPFTP, y destinó 222.8 millones de pesos US($ 74,720) para ayudar a las víctimas colombianas de trata en el extranjero, las mismas cantidades que en 2016. Las autoridades carecían de fondos y personal suficientes para proporcionar servicios especializados a las víctimas de la trata. El Decreto 1069 de 2014 responsabiliza a los gobiernos locales por brindar servicios más allá de la atención de emergencia, pero la mayoría no tenía fondos dedicados a proveer servicios especializados.

Durante el período que abarca el informe, el Gobierno prestó asistencia a una víctima de tráfico y un testigo a través del programa de protección a víctimas y testigos. Algunas víctimas eran reacias a denunciar su explotación o testificar contra sus traficantes por temor a represalias o falta de confianza en el sistema de justicia. No se informó que las víctimas fueran sancionadas por actos ilícitos cometidos como resultado directo de haber sido sometidos a trata. Las autoridades podrían proporcionar permiso temporal a las víctimas extranjeras de tráfico para permanecer en el país durante el proceso de investigación caso por caso; sin embargo, las autoridades no reportaron el haberlo hecho durante el periodo del reporte.  Las víctimas de la trata tienen derecho a solicitar la restitución o presentar demandas civiles en cualquier momento en virtud de los artículos 102 y 103 del código de procedimiento penal; sin embargo, no hubo víctimas informadas que recibieron restitución. El Gobierno del Departamento de Guaviare asignó 215 millones de pesos (US$ 72,100) para su programa de restitución en 2017.

PREVENCIÓN

El Gobierno aumentó los esfuerzos de prevención. El ICFTP llevó a cabo 45 reuniones de asesoramiento técnico con comités departamentales, municipales y distritales durante el período del informe para mejorar la coordinación entre el ICFTP y los comités regionales, revisar las funciones y responsabilidades en varios niveles y formular recomendaciones para la preparación de planes de acción territorial. En 2017, el gobierno se apropió de casi 2.300 millones de pesos (US$ 771.350) para implementar la estrategia nacional contra la trata de personas de 2016-2018. La ausencia de un sistema nacional de información sobre el tráfico obstaculiza el monitoreo y la evaluación de los esfuerzos; sin embargo, el Gobierno puso a prueba un sistema de información con varias agencias en 2017. Las autoridades mantuvieron una comisión interinstitucional para la prevención del reclutamiento de niños por grupos armados y la explotación sexual infantil. El ICBF, con el apoyo de una organización internacional, se reunió con 17 autoridades departamentales para desarrollar e implementar actividades de concientización y prevención. La línea directa de 24 horas contra el tráfico en Colombia recibió 889 llamadas. A través de la línea directa, el Gobierno brindó asesoramiento sobre ofertas de trabajo en el extranjero, incluida la corroboración de la veracidad y legalidad de los empleadores. El Gobierno no informó los esfuerzos para reducir la demanda de trabajo forzado. Las autoridades llevaron a cabo investigaciones sobre el turismo sexual infantil y denunciaron la detención de una persona por este delito.

PERFIL DEL TRÁFICO

Como se informó en los últimos cinco años, Colombia es un país de origen, destino y tránsito de hombres, mujeres y niños sometidos a tráfico sexual y trabajo forzoso en Colombia y a través de América Latina, Asia y Europa. Los grupos de alto riesgo para el tráfico incluyen a desplazados internos, afrocolombianos, colombianos con discapacidades, personas indígenas y colombianos viviendo en áreas donde están activos grupos criminales armados. El tráfico sexual de mujeres y niños colombianos ocurre dentro del país y alrededor del mundo.  Los niños colombianos son explotados en el tráfico sexual en áreas con turismo y grandes industrias extractivas. Los colombianos transgénero y los hombres colombianos en la prostitución son vulnerables al tráfico sexual dentro de Colombia y en Europa. Las víctimas colombianas del tráfico laboral se encuentran en la minería, la agricultura y el servicio doméstico. Los niños colombianos que trabajan en el sector informal, incluidos los vendedores callejeros, son vulnerables al tráfico de mano de obra. Los niños y adultos colombianos son explotados en la mendicidad forzada en las zonas urbanas. Grupos armados ilegales reclutan forzosamente a niños para que sirvan de combatientes e informantes, siembren cultivos ilegales y los exploten en el tráfico sexual. Los niños y adolescentes que se separan de las filas de los grupos armados ilegales son vulnerables a la trata. Los migrantes venezolanos, cuyo número aumentó durante el período del informe (hasta febrero de 2018, el Gobierno estimó que al menos 600,000 venezolanos residían en Colombia), son particularmente vulnerables a la trata de personas.