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Informe sobre la Trata de Personas 2020
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July 28, 2020

COLOMBIA (Nivel 1)

El Gobierno de Colombia cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata. El Gobierno continuó demostrando esfuerzos serios y sostenibles durante el período examinado; por ende, Colombia permaneció en el nivel 1. Estos esfuerzos incluyeron organizar dos mesas redondas con organizaciones de la sociedad civil, identificar más víctimas, aprobar un decreto para mitigar el reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados ilegales, mantener una respuesta sólida a la crisis migratoria venezolana, que probablemente redujo la vulnerabilidad de trata, y abrir 37 investigaciones bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionadas con el reclutamiento infantil. Aunque el gobierno cumple con los estándares mínimos, no proporcionó servicios mínimamente adecuados para el creciente número de víctimas identificadas y no tenía albergues disponibles para adultos, que constituían casi el 90 por ciento de las víctimas identificadas. El Ministerio del Interior (MI) no coordinó eficazmente con los departamentos y municipios para garantizar la protección de las víctimas. Los esfuerzos para enfrentar el trabajo forzado mediante la aplicación de la ley o la protección de las víctimas fueron deficientes, lo que resultó en impunidad respecto al trabajo forzado y a las víctimas no identificadas sin protección en sectores críticos, como la floricultura, la producción de café y las industrias extractivas. Aunque el reclutamiento forzado de jóvenes y la actividad delictiva forzada por grupos armados ilegales o grupos de delincuencia organizada fueron problemas ilegales y crecientes, el gobierno puso en marcha menos procesos penales y no ha acusado ni condenado a ningún miembro de grupos armados por reclutamiento infantil desde 2017. La ausencia de esfuerzos proactivos en la identificación de las víctimas y de protocolos estandarizados, combinados con una mala interpretación sistemática de la trata conllevaron a la penalización de las víctimas de la trata, y las autoridades no procesaron ni condenaron penalmente a la mayoría de los funcionarios cómplices, socavando los esfuerzos para responsabilizar a los traficantes. Por tercer año consecutivo, las autoridades no financiaron a organizaciones de la sociedad civil para ampliar y garantizar una asistencia y servicios adecuados para las víctimas.

RECOMENDACIONES PRIORIZADAS

Revisar las disposiciones de asistencia a mediano plazo dentro del marco de la ley para incluir la atención en albergues para víctimas adultas de trata. • Hacer esfuerzos para combatir el trabajo forzado mejorando la identificación proactiva de víctimas y aumentando las investigaciones y los enjuiciamientos penales de los traficantes de trabajo. • Investigar, enjuiciar y condenar vigorosamente los casos de trata, incluyendo aquellos que comprenden miembros de grupos armados ilegales o grupos de delincuencia organizada involucrados en el reclutamiento forzado de niños o actividades delictivas forzadas. • Cesar la deportación y el encarcelamiento de las víctimas. • Financiar a los actores de la sociedad civil para aumentar los servicios especializados para todas las víctimas, incluyendo a las víctimas adultas. • Mejorar significativamente los esfuerzos para coordinar con los departamentos y municipios para garantizar que todas las víctimas reciban la protección adecuada. • Exigir que los funcionarios públicos que sean cómplices de trata sean penalmente responsables. • Incrementar los esfuerzos para combatir el tráfico sexual de niños en el sector turístico, especialmente en las ciudades costeras. • Fortalecer y ampliar los esfuerzos para reformar el programa del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEP-FF) para garantizar que los trabajadores venezolanos, titulares de este permiso, no estén vinculados a empleadores abusivos. • Redactar, finalizar, difundir y capacitar a los funcionarios de inmigración, incluyendo a aquellos que trabajan cerca a cruces fronterizos, sobre los procedimientos de operación estándar para la identificación de víctimas que incluyan información sobre los indicadores (para identificar la) trata. • Finalizar la estrategia nacional contra la trata e incluir formas de enfrentar los desafíos actuales, como la migración masiva de venezolanos, la prevalencia del turismo sexual infantil, y el reclutamiento forzado de niños en grupos armados ilegales. • Revisar la definición de trata de personas en virtud del Artículo 188A para asegurar que la fuerza, el fraude o la coerción sean elementos esenciales del delito según lo establecido en el Protocolo TIP 2000 de la ONU.

PROCESAMIENTO

El gobierno mantuvo esfuerzos mixtos de enjuiciamiento. Si bien hubo un ligero aumento en el número de enjuiciamientos, las autoridades no lograron un progreso significativo en la lucha contra la trata, ya que las investigaciones disminuyeron y las condenas se mantuvieron bajas dada la dimensión del problema. El artículo 188A del código penal penaliza el tráfico sexual y laboral y prescribe castigos de 13 a 23 años de prisión, más sanciones entre 800 y 1,500 veces el salario mínimo legal mensual. Las sanciones previstas en el artículo 188A fueron lo suficientemente rigurosas y, con respecto al tráfico sexual, proporcionales a las prescritas para otros delitos graves, como la violación. El artículo 188A del código penal es incompatible con la definición de trata en virtud del derecho internacional, ya que la ley no incluye a la fuerza, el fraude o la coerción como elementos esenciales del delito de trata. Las autoridades en ocasiones acusaron a los traficantes con delitos menores, como la inducción a la prostitución o proxenetismo. La ley penaliza el reclutamiento forzado de niños y la actividad delictiva forzada por grupos armados ilegales bajo diferentes leyes.

La Fiscalía General de la Nación (FGN) recibió 188 posibles procesos de trata (en comparación con 222 procesos en 2018, 164 en 2017 y 150 en 2016), de los cuales 57 fueron priorizados e investigados por vínculos con el crimen organizado y continuaron siendo investigados al final del período examinado (55 por tráfico sexual y dos por trabajo forzado). Las autoridades procesaron a 33 sospechosos (en comparación con 26 en 2018, 31 en 2017 y 59 en 2016), y condenaron a 19 traficantes (en comparación con 19 en 2018, 21 en 2017 y 25 en 2016). Además, la policía arrestó a 27 sospechosos por delitos de tráfico, 19 por tráfico sexual y ocho por tráfico sexual y trabajo forzado (en comparación con 70 sospechosos en 2018, 30 en 2017 y 29 en 2016). Por tercer año consecutivo, las autoridades no proporcionaron mayores detalles sobre las condenas emitidas por delitos de trata. La capacidad de los fiscales para aumentar las condenas por delitos de trata puede estar relacionada con la ausencia de mecanismos de protección adecuados, lo que puede afectar la voluntad de las víctimas en cooperar con las autoridades en casos contra sus traficantes. En un caso muy publicitado de 2018, las autoridades condenaron a tres traficantes a ocho años de prisión. Si bien la ley colombiana prohíbe el reclutamiento forzado de niños y la actividad delictiva forzada por parte de grupos armados ilegales o grupos de delincuencia organizada, las autoridades no consideraron tales delitos como trata de personas y han investigado estos casos como delitos diferentes.

El reclutamiento forzado de niños por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales siguió siendo una preocupación importante. En 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió 37 investigaciones de excombatientes por reclutamiento forzado de niños, que permanecieron abiertas al final del período examinado. Según una ONG, la impunidad en los casos de reclutamiento forzado de niños siguió siendo un desafío, y las autoridades no han condenado a ningún miembro de grupos armados por reclutamiento infantil desde 2017, a pesar de la constante preocupación de que grupos armados ilegales colombianos continúen fortaleciendo sus operaciones utilizando niños en Colombia y en la vecina Venezuela. La FGN recibió 329 denuncias de reclutamiento forzado de niños que comprenden 354 víctimas, en comparación con 388 casos investigados en 2018. De los 1,872 casos reportados en años anteriores, las autoridades indicaron que 409 fueron confirmados como delitos de trata. En 2019, 399 de esos casos aún estaban abiertos, pero las autoridades no informaron cuántos de esos fueron por delitos de trata. El Ministerio de Trabajo (MT) ofreció una vista previa de un protocolo de identificación de víctimas, que se encuentra en desarrollo desde 2016, en 23 lugares de inspección laboral regional. El protocolo continuó inconcluso al final del período examinado. El MT no hizo esfuerzos para investigar las denuncias o aumentar las inspecciones de trabajo forzado, y las autoridades no tenían un protocolo para conectar a los inspectores de trabajo con la policía o para proporcionar orientación sobre los indicadores de trata para el personal de primera línea.

La corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata de personas siguen siendo motivo de preocupación. En el 2019, en un caso que se remonta al 2014, las autoridades condenaron a un funcionario cómplice por el tráfico sexual de una niña de 14 años. Los funcionarios de la oficina del procurador general señalaron la lenidad judicial hacia los funcionarios públicos implicados en los delitos de trata de personas. Los funcionarios del gobierno local de un departamento con mayor vulnerabilidad y alta presencia de la trata de personas denunciaron que las redadas en burdeles y en lugares donde se sospechaba que había trata de niños con fines sexuales no dieron lugar a la identificación de las víctimas ni a nuevas investigaciones, lo que suscitó graves preocupaciones por la complicidad policial. Si bien el gobierno investigó y, en algunos casos, detuvo a los funcionarios implicados en los casos de complicidad, las autoridades a menudo optaron por adoptar medidas disciplinarias en lugar de penas de prisión, una respuesta que no correspondía con la gravedad del delito y que obstaculizaba los esfuerzos por combatir la trata de personas. Como parte de una campaña de prevención, la Fiscalía impartía alguna capacitación a los funcionarios públicos, incluidos la policía e inmigración, sobre la identificación de las víctimas. Según se informó, en el 2019 las autoridades solicitaron 1.300 millones de pesos colombianos (396.490 dólares) para la aplicación de la ley contra la trata de personas. Las autoridades colaboraron con el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos en las operaciones de aplicación de la ley.

PROTECCIÓN

El Gobierno identificó un mayor número de víctimas; sin embargo, los esfuerzos de protección de las víctimas fueron superficiales e inadecuados. En el 2019, las autoridades identificaron 124 víctimas de la trata de personas (en comparación con 114 en el 2018, 96 en el 2017 y 68 en el 2016), de las cuales 110 eran adultos, 14 eran niños, 109 eran mujeres y 15 eran hombres. Las víctimas de explotación en la trata de personas con fines sexuales eran 81, 6 en trabajos forzados, 12 en matrimonios serviles, 11 en el servicio doméstico y 14 eran desconocidas. En el 2019, las autoridades identificaron el primer caso de una mujer transgénero víctima de tráfico sexual, dentro del país. El gobierno informó un plan nacional de asistencia a las víctimas de la trata de personas que remitía a las víctimas a servicios, y podía proporcionarles asistencia de emergencia, que incluía un examen médico y psicológico, ropa, botiquines de higiene, expedición de documentos de viaje e identidad, y alojamiento durante cinco días con una extensión máxima de cinco días adicionales. En un número menor de casos, y previa aprobación administrativa, las autoridades podían prestar asistencia a mediano plazo, que incluía servicios educativos, capacitación para el empleo, asistencia en la colocación de empleo, apoyo económico y asistencia jurídica, incluida la protección de testigos. El gobierno indicó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizaban el protocolo de identificación de víctimas de la ONUDD; sin embargo, muchos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que trabajaban en casos de trata de personas no tenían conocimiento de éste ni de ningún otro protocolo para identificar a las víctimas. La alcaldía de Cali, con el apoyo de una organización internacional, elaboró un protocolo de identificación de víctimas; sin embargo, los funcionarios no informaron si alguien recibió capacitación sobre su utilización. El gobierno ofreció cierta capacitación en materia de identificación de víctimas como parte de sus campañas de prevención. No obstante, algunos expertos indicaron que en algunos casos los funcionarios de los organismos de seguridad recuperaban datos de los teléfonos de las víctimas con fines probatorios y ponían en libertad a las víctimas sin remitirlas a los servicios adecuados.

A pesar de la preocupación del gobierno por el trabajo forzoso en sectores como la minería legal e ilegal, la extracción de esmeraldas, el carbón, el servicio doméstico, la agricultura cerca del eje cafetero, la ganadería y la recolección de cosechas, el Ministerio de Trabajo no capacitaba a los inspectores para identificar el delito y no tenía un protocolo para la identificación de las víctimas. Los esfuerzos para combatir la explotación laboral siguieron siendo deficientes, y es probable que los casos de trabajo forzoso se pasaran por alto y no se denunciaran. En el 2019, los funcionarios del Ministerio de Trabajo organizaron una reunión para presentar un protocolo de identificación de víctimas que se estaba elaborando desde el 2016 a un número seleccionado de funcionarios, pero no se finalizó su aprobación ni se inició su aplicación. Las autoridades gubernamentales y las ONG informaron como algunos funcionarios que trabajaban con víctimas del conflicto armado no tenían suficiente capacitación en materia de identificación de víctimas; por consiguiente, algunas víctimas pueden no ser identificadas y ser vulnerables a la trata de personas y a nuevas pautas de reclutamiento.

El Ministerio del Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) son las entidades responsables de la protección de las víctimas; el primero se encarga de la protección de las víctimas adultas y el segundo de la protección de los niños y adolescentes víctimas de la trata de personas. El Gobierno nacional no dispone de fondos específicos para la prestación de servicios especializados a las víctimas y depende únicamente de los departamentos y municipios para la prestación de servicios. Los funcionarios gubernamentales y las ONG afirmaron que la asistencia a las víctimas financiada por el gobierno era precaria e insuficiente. Si bien la asistencia a las víctimas menores de edad era limitada y, en algunos lugares, inexistente, algunas autoridades departamentales del ICBF prestaban asistencia a las víctimas y ofrecían servicios de gestión en casos ambulatorios para ayudar a su recuperación. En la mayor parte del país, las autoridades del departamento del ICBF no financiaban espacios físicos a los que pudieran acudir los niños víctimas, por lo que la coordinación de los servicios se dejaba para el último momento, lo que hacía que fuera poco confiable y difícil de acceder. El ICBF financió parcialmente dos albergues para niños y adolescentes víctimas, al menos uno de los cuales contaba con un equipo multidisciplinario capacitado para trabajar con víctimas de abuso sexual, incluido el tráfico sexual; sin embargo, los fondos eran insuficientes para prestar la asistencia integral que necesitaban las víctimas. Los funcionarios locales del ICBF en Bogotá gestionaban un refugio para menores víctimas de la explotación sexual comercial que podía prestar atención a las víctimas de la trata de personas, pero no informaron de cuántas víctimas recibían atención en el 2019. Las autoridades a veces ubicaban a las víctimas en hoteles, caso por caso. En cambio, las víctimas adultas no recibieron asistencia especializada en el albergue ni ninguna otra asistencia más allá de la atención de emergencia, a pesar de que constituían casi el 90% de las víctimas identificadas. Las autoridades no informaron si alguna de las 110 víctimas adultas identificadas recibió atención en algún albergue no especializado. Además, por cuarto año consecutivo, las autoridades no financiaron a otras organizaciones de la sociedad civil que pudieran ampliar los esfuerzos para proteger a las víctimas, en comparación con el año 2015 en que el gobierno financiaba a un albergue especializado que pudiera asistir a las víctimas adultas de la trata de personas en Bogotá. Según se informa, en 2019 las autoridades a nivel nacional solicitaron 107 millones de pesos (32.630 dólares) para financiar, a terceros, proveedores para la prestación de servicios a las víctimas. En el plano local, los municipios y departamentos asignaron 195 millones de pesos (59.470 dólares) para la prevención y la protección de las víctimas tras una solicitud del Ministerio del Interior.

Según los expertos, algunas víctimas que no se identificaban no se consideraban legalmente víctimas y se enfrentaban a limitaciones para recibir atención. En el 2019, las autoridades prestaron asistencia de emergencia a 106 víctimas, 79 recibieron alojamiento, 77 atención médica y 81 asistencia psicológica (en comparación con 114 víctimas que recibieron atención de emergencia en el 2018). Las autoridades indicaron que 66 víctimas recibieron asistencia a mediano plazo, que podría haber incluido alguna asistencia financiera (en comparación con 62 que recibieron atención a mediano plazo en 2018). El ICBF proporcionó refugio a 171 menores víctimas de reclutamiento forzoso y comenzó a restituirles sus derechos, pero no proporcionó detalles sobre la asistencia prestada a las víctimas de la trata de personas con fines sexuales o de trabajos forzados. Según los funcionarios del ICBF, el proceso de restablecimiento de los derechos incluía una evaluación de cada caso y la prestación de servicios de salud mental y física en función de las necesidades de cada víctima. El gobierno no proporcionó refugio a las víctimas de trabajos forzados o a las víctimas adultas de la trata de personas.

En muchos casos, debido a la falta de identificación oficial y a una comprensión insuficiente de la trata, las autoridades penalizaron a las víctimas por los actos ilícitos que los traficantes las obligaron a cometer. Varias organizaciones no gubernamentales y algunos funcionarios públicos informaron de casos de víctimas venezolanas de la trata deportadas a Venezuela por delitos relacionados con la prostitución. En otro caso, una víctima de 16 años de edad se enfrentó a cargos penales por el reclutamiento de otras dos víctimas después de que los traficantes la hubieran reclutado. En un caso denunciado el año pasado, las ONG confirmaron la deportación de 23 víctimas venezolanas que supuestamente fueron obligadas a tener relaciones sexuales con turistas mediante coacción por deudas. El gobierno no informó sobre la asistencia a las víctimas a través del programa de protección de víctimas y testigos, en comparación con los cinco que

recibieron ayuda en 2018. Algunas víctimas se mostraron reacias a denunciar su explotación o a testificar contra sus traficantes por temor a represalias o por falta de confianza en el sistema de justicia. En 2019 se identificaron 64 víctimas colombianas de la trata en países extranjeros; de ellas, 33 fueron repatriadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo de organizaciones internacionales o de las propias víctimas, mientras que en 2018 fueron siete. Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores no indicaron qué cantidad de fondos se asignó a la repatriación de las víctimas o se destinó a la asistencia para la repatriación en 2019, comparado con los 400 millones de pesos (122.000 dólares) asignados en 2018. Con la asistencia de un gobierno extranjero, las autoridades reforzaron las medidas de confiscación de activos para desembolsar rápidamente los fondos de indemnización a las víctimas, pero no informaron de si alguna víctima recibió una compensación como resultado de esas medidas.

PREVENCIÓN

El gobierno incrementó los esfuerzos de prevención. El Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, presidido por el Ministerio del Interior e integrado por 16 entidades gubernamentales, celebró 20 reuniones de asesoramiento técnico (en comparación con las 44 de 2018) que tenían por objeto mejorar la coordinación entre el Comité y sus comités regionales y formular recomendaciones para la preparación de planes de acción territoriales. En respuesta a la afluencia de más de 1,8 millones de venezolanos que llegaron a Colombia desde 2016, el gobierno siguió proporcionando permisos de residencia temporal, atención de la salud, educación para niños en edad escolar y servicios sociales, reduciendo probablemente su vulnerabilidad a la trata. En 2019, las autoridades expidieron aproximadamente 754.085 permisos de residencia temporal durante el año. En 2019, Colombia aprobó el programa PEP-FF para los venezolanos, que, si bien es un avance positivo, vinculó los permisos de empleo a un puesto de trabajo y a un empleador, dejando a esos empleados vulnerables a la trata. Para mitigar la futura explotación, el gobierno aprobó la ciudadanía por derecho de nacimiento a 45.000 niños nacidos en Colombia de padres venezolanos después de 2015. En 2019, el Ministerio del Interior celebró tres eventos que llegaron a 698 funcionarios públicos para comprender mejor los problemas de la trata regional que afectan a las zonas de alta prevalencia, entre ellas el cinturón cafetero, la región del Caribe y el departamento de Tolima. El Ministerio del Interior, con el apoyo de organizaciones internacionales, realizó 32 actividades de capacitación en las que participaron 2.423 personas, incluidos funcionarios gubernamentales, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, para sensibilizar sobre la lucha contra la trata de personas. En 2019, el Ministerio del Trabajo inició un programa de capacitación virtual obligatorio para sus inspectores, que incluía un módulo sobre derechos humanos y trabajo forzoso. Los observadores expresaron su preocupación por la insuficiente comunicación entre organismos y la ausencia de responsables de alto nivel en las reuniones del Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas que pudieran ayudar a agilizar los servicios para las víctimas identificadas. Las autoridades siguieron utilizando la estrategia nacional de lucha contra la trata de personas que estaba vigente en el período 2016-2018. En 2019, el Ministerio del Interior acogió y financió dos mesas de trabajo de la sociedad civil para tratar la elaboración de la nueva estrategia contra la trata de personas, la cual no se completó al final del período objeto del presente informe.

En 2018, el gobierno estableció un mecanismo nacional para estudiar la prevalencia, las tendencias y las causas fundamentales de la trata a nivel nacional; en 2019, el gobierno se centró en la investigación de las características de las víctimas de la trata y los traficantes, la lucha contra los estereotipos asociados a las víctimas de la trata, e investigó los factores económicos y laborales que conducen a la victimización y la trata. La labor del Observatorio también identificó los indicadores de trata específicos de las comunidades indígenas y los grupos armados ilegales. Los funcionarios del Ministerio del Interior siguieron realizando dos campañas plurianuales que fueron posibles en su mayor parte gracias a la asistencia de organizaciones internacionales.

En 2019, las autoridades dedicaron 36 millones de pesos (10.980 dólares) a una de las campañas en curso, y proporcionaron 10 millones de pesos (3.050 dólares) a una ONG dirigida por las víctimas para una nueva campaña de sensibilización. Además, se informó que las autoridades solicitaron 308 millones de pesos (93.940 dólares) para el fondo nacional y para la ejecución de las políticas contra la trata de personas. El Ministerio del Trabajo mantuvo una campaña de sensibilización de años anteriores centrada en la educación de los posibles solicitantes de empleo sobre los peligros de la contratación fraudulenta de personal; la campaña llegó a 60 personas e identificó 40 ofertas de empleo fraudulentas. Colombia siguió operando una línea telefónica de ayuda contra la trata de personas que funciona las 24 horas del día y que en 2019 recibió 1.261 llamadas que permitieron identificar 93 posibles casos de trata de personas, en comparación con 18 en 2018. A través de la línea telefónica, el gobierno proporcionó asesoramiento sobre ofertas de trabajo en el extranjero para prevenir el posible tráfico de mano de obra, incluyendo la corroboración de la veracidad y legalidad de los empleadores.

Una organización internacional reportó que 99 niños fueron víctimas de reclutamiento forzoso por grupos armados ilegales, en comparación con 292 en 2018. A la misma organización, el ICBF informó que había prestado asistencia a 180 víctimas de reclutamiento forzoso en 2019, en comparación con 196 en 2018. En noviembre, las autoridades aprobaron el decreto 2081 para fortalecer la legislación vigente y crear el consejo asesor presidencial intersectorial centrado en la mitigación del reclutamiento forzoso de niños por los grupos armados ilegales. El gobierno tenía más de 208 funcionarios trabajando en ocho departamentos y 17 municipios en programas para prevenir el reclutamiento de niños; sin embargo, muchas zonas en las que el reclutamiento ilegal de niños era prevalente no tenían presencia estatal. Las autoridades cooperaron con gobiernos extranjeros y participaron en eventos de capacitación organizados por organizaciones internacionales. Colombia coorganizó una mesa redonda binacional anti-trata con las Bahamas, firmó un acuerdo bilateral y estableció el tercer plan de trabajo binacional contra la trata de personas con Perú . Además, 120 funcionarios de Ecuador y Colombia participaron en un intercambio bilateral para compartir las mejores prácticas de lucha contra la trata. El Gobierno no hizo ningún esfuerzo por reducir la demanda de sexo comercial durante el período que se está reportando.

PERFIL DE TRÁFICO

Como se ha reportado en los últimos cinco años, los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Colombia, y explotan a las víctimas de Colombia en el extranjero. Los traficantes explotan a hombres, mujeres y niños colombianos en el tráfico sexual y el trabajo forzado en Colombia y en toda América Latina, Asia y Europa. Los traficantes explotan a colombianos en Israel y en los Emiratos Árabes Unidos, principalmente en Dubái. Según una agencia gubernamental, en 2019, cerca del 55 por ciento de los casos transnacionales fueron víctimas colombianas explotadas por trata en Turquía. Los traficantes atraían a las víctimas con oportunidades de empleo fraudulentas para luego explotarlas en el tráfico sexual y el trabajo forzado. En 2019, todas las víctimas explotadas en Turquía se originaron en el Valle del Cauca, el 84 por ciento fueron explotadas en el tráfico sexual, el 13 por ciento en trabajos forzados y el tres por ciento en matrimonios forzados. El 38 por ciento de las víctimas en casos de trata nacional procedían de Bogotá y el departamento de Antioquia, y el 44 por ciento de los casos nacionales se identificaron en Bogotá. Los informes del Gobierno publicados en 2019 indican que desde 2013 aproximadamente el 90 por ciento de las víctimas identificadas en Colombia eran adultos. Entre los grupos que corren un alto riesgo de ser víctimas de la trata se encuentran los venezolanos desplazados, los afrocolombianos, las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, los desplazados internos y los que viven en zonas donde actúan los grupos armados ilegales y las organizaciones delictivas. El tráfico sexual de mujeres y niños colombianos ocurre dentro del país y en todo el mundo. Las mujeres y los niños colombianos son víctimas del tráfico sexual dentro de Colombia en zonas con turismo y grandes industrias extractivas. Los colombianos transexuales y los hombres colombianos que practican el sexo comercial son vulnerables al tráfico sexual dentro de Colombia y en Europa. Los traficantes explotan a los nacionales colombianos en trabajos forzados, principalmente en la minería para la extracción de carbón, oro de aluvión y esmeraldas; en la agricultura para la recolección de café y la producción de palma; en la mendicidad en las zonas urbanas; y en el servicio doméstico. Los traficantes explotan a los niños colombianos que trabajan en el sector informal y en la venta ambulante en trabajos forzados. Grupos armados ilegales, en particular en los departamentos de Chocó, Norte de Santander, Córdoba, Nariño y Cauca, reclutan por la fuerza a niños, incluidos jóvenes venezolanos, indígenas y afrocolombianos, para que sirvan como combatientes e informantes, cosechen cultivos ilícitos y los explotan en el tráfico sexual. Entre 2017 y 2019, los sistemas de alerta temprana identificaron 182 municipios en los que los niños eran vulnerables al reclutamiento forzoso por parte de los grupos armados ilegales. Mujeres, niños y adolescentes que se separan de las filas de los grupos armados ilegales son vulnerables a la trata. Los traficantes reclutan a mujeres y niñas vulnerables en circunstancias económicas difíciles, en su mayoría colombianas y venezolanas desplazadas, para que hagan de “modelos de cámara web”. En algunos casos, los traficantes drogan a las mujeres y niñas utilizando el miedo y la coacción mediante el endeudamiento y la extorsión para obligar a las víctimas a realizar actos sexuales en vivo. En 2019, funcionarios gubernamentales de una ciudad fronteriza expresaron su preocupación por la boyante industria de las cámaras web y sus vínculos con la trata de personas con fines sexuales. Los venezolanos desplazados, incluyendo mujeres, niños, personas transgénero y aquellos en situación migratoria irregular eran los más vulnerables al tráfico sexual y a los trabajos forzados. En un caso notable, traficantes drogaron y vistieron a un niño con ropa de niña para explotarlo en el tráfico sexual. Los traficantes tienen como objetivo mujeres y niñas empobrecidas para explotarlas en el tráfico sexual; esta población vulnerable representaba el 80 por ciento de los casos de tráfico sexual. Jóvenes que viven en condiciones sociales y económicas deficientes corren un alto riesgo de convertirse en víctimas de la trata.