El Departamento del Tesoro apunta a colombianos vinculados con la Oficina de Envigado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy al veterano criminal colombiano Javier García Rojas (alias “Maracuya”) y otros dos colombianos como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros para Narcóticos (Kingpin Act) por sus enlaces con los SDNT previamente designados Jose Bayron Piedrahita Ceballos y el grupo criminal colombiano La Oficina de Envigado (La Oficina). OFAC también designó a cuatro empresas colombianas que son propiedad, controladas o dirigidas por las personas designadas hoy. Como resultado de la acción de hoy, a las personas de los EE.UU. Generalmente se les prohíbe realizar transacciones o tratar con estas personas y compañías, y se bloquean los activos que puedan tener bajo la jurisdicción de los EE.UU.

“El Tesoro está apuntando a ciudadanos colombianos, incluido Javier García Rojas, bajo la Ley Kingpin por sus intentos de socavar las investigaciones conjuntas entre EE.UU. Y Colombia sobre las actividades delictivas de La Oficina y José Bayron Piedrahita Ceballos”, dijo Sigal Mandelker, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia financiera. “Tenemos la intención de interrumpir el tráfico de narcóticos y las actividades ilícitas de grupos de crimen organizado como La Oficina, y trabajar estrechamente con nuestros socios en la DEA, el FBI y el Servicio de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos para desmantelar sus redes corruptas”.

La designación de hoy es la octava acción de OFAC dirigida a personas y entidades asociadas con La Oficina, que fue designada de conformidad con la Kingpin Act el 26 de junio de 2014. Casi dos años después, el 3 de mayo de 2016, OFAC designó a José Bayron Piedrahita Ceballos (Piedrahita Ceballos) por sus vínculos con La Oficina. Además de su participación directa en el tráfico de narcóticos, La Oficina es cómplice en una variedad de actividades ilícitas que incluyen lavado de dinero, extorsión y asesinato por contrata.

La acción de la OFAC es posterior al arresto de Piedrahita Ceballos por parte de autoridades colombianas el 29 de septiembre de 2017 de una orden provisional de arresto estadounidense por conspiración, fraude de servicios honestos y obstrucción de la justicia en el Distrito Sur de Florida por su participación en un plan de soborno que resultó en el rechazo de una acusación formal de los 90 en ese mismo distrito contra Piedrahita Ceballos y otros traficantes de cocaína del cartel de Cali con sede en Colombia.

Dos de los individuos designados hoy, Javier Garcia Rojas y Ruth Garcia Rojas, son hermanos y socios criminales por mucho tiempo de Piedrahita Ceballos. Javier García Rojas es un ex compañero de tráfico de narcóticos de Piedrahita Ceballos, quien también sirve como lavador de dinero y financista de La Oficina. Ruth Garcia Rojas es una abogada que ayuda a su hermano Javier en el lavado y la administración de sus activos ilícitos. El tercer individuo designado hoy, un empleado de Piedrahita Ceballos llamado Wilton Cesar Hernández Durango, es un ex agente de la ley colombiano que trabaja en coordinación con Javier y Ruth Garcia Rojas para interrumpir los esfuerzos colombianos para investigar Piedrahita Ceballos.

Las cuatro compañías designadas por OFAC hoy incluyen dos negocios agrícolas con sede en Medellín, Colombia, propiedad de Javier García Rojas – Agroconstrucciones Las Palmeras S.A.S. y MMAG Agricultural Global S.A.S. – así como una compañía de inversiones controlada por Ruth Garcia Rojas llamada Pinzon & Garcia S. En C.S., con sede en la ciudad de Cali, Colombia. También designado hoy es un pequeño negocio de reparación de automóviles en Medellín, Colombia, llamado Euromecanica, propiedad de Wilton Cesar Hernández Durango.

La acción de hoy es el resultado de una estrecha coordinación entre la OFAC, la Administración Antidrogas y la Oficina Federal de Investigaciones y con el Gobierno de Colombia. La Oficina de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos también proporcionó un apoyo operacional invaluable a la investigación que condujo a estas designaciones.

Desde junio de 2000, más de 2.000 personas y entidades han sido nombradas de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta $ 1,437,153 por violación a penas más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las empresas pueden llegar a $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones penales de la Ley Kingpin.

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Para obtener una lista completa de las designaciones conforme a la Ley Kingpin, haga clic aquí. (PDF 404KB)14